El
impacto económico en México a causa de la violencia es de aproximadamente 12%
del PIB, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En un estudio del banco, retomado
por organizaciones no gubernamentales en marzo pasado, dimensiona el nivel del
impacto resentido por la economía del país.
Asimismo, otro análisis del BID de
noviembre del año pasado, que publicó la Universidad de Stanford, argumenta que
"en México existe un umbral de violencia relacionada con el narcotráfico a
partir del cual se contrae la actividad económica en general".
En el documento más reciente,
titulado "Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en
México", Gustavo Robles, Gabriela Calderón y Beatriz Magaloni,
responsables de la investigación auspiciada por el BID, reconocen que desde el
2006 hay un problema de identificación clara del efecto que ha tenido este
fenómeno en la actividad productiva.
En los años de escalada de violencia
relacionada con el narcotráfico, situados por el BID a partir del sexenio de
Felipe Calderón, coincidieron otros dos fenómenos que afectaron al PIB: la
crisis financiera mundial y la influenza por el virus AH1N1.
Como consecuencia, afirman que
"si bien la violencia tiene efectos negativos sobre la actividad económica
y el desempleo, un desempeño económico deficiente o poco equitativo puede ser
generador de violencia".
Los analistas fijan el primer año de
la administración calderonista como el arranque de una escalada de violencia
generada por el narcotráfico, a partir de la "ofensiva federal que originó
el abatimiento y detención de líderes de los cárteles de las drogas".
Esto dio lugar, destacan, al
surgimiento de nuevas organizaciones que compiten por rutas y plazas, lo cual
incrementa la violencia.
El miedo a ser víctima de un delito
induce cambios de comportamiento; la gente deja de salir a la calle por las
noches, de usar el transporte público, o de manejar en carretera, lo cual debe
tener un impacto en el consumo y en la actividad económica, especialmente en
los sectores de turismo, servicios y comercio.
Según los especialistas, la
delincuencia común se pudo haber desatado a la par de la ofensiva a los
cárteles del narcotráfico, porque la policía municipal o estatal se vio
distraída en las capturas y pesquisas sobre la corrupción, o por la captura de
los jefes policiales.
Foco rojo en municipios
El análisis indica que el aumento de
homicidios impacta directamente en la tasa de ocupación de determinado
municipio y propicia una reducción en la proporción de propietarios de negocios
en la demarcación y de autoempleados.
Asimismo, es posible que la
violencia no afecte a la economía en forma lineal, pero sí afectar en la
economía después de cierto nivel, lo cual podría reflejar también una guerra
entre cárteles por control de plazas y rutas de tráfico de drogas.
Uno de los principales problemas que
explican la ola de criminalidad en México tiene que ver con las instituciones
de procuración e impartición de justicia en estados y municipios.
Estadísticas del Centro de Estudios
de Finanzas Públicas evidencian que la tasa de crecimiento promedio del PIB
anual que se alcanzó en la administración de Felipe Calderón fue de 1.84%, la
más baja desde 1989, cuando estaba en la presidencia Carlos Salinas de Gortari.
Electricidad, la métrica
Para resolver el problema de
identificación, los autores Gustavo Robles, Gabriela Calderón y Beatriz
Magaloni seleccionaron los municipios más afectados por la violencia
relacionada al narcotráfico, en busca de algún cambio en la participación
laboral y la generación de empleo.
Identificaron 340 municipios -esto
es, 14% de las alcaldías que hay en el país- como los sujetos de análisis.
Ante la falta de desagregación del
PIB municipal en México, los investigadores tomaron como un indicador de la
actividad económica el consumo interno de la electricidad.
Lo anterior ya que cerca de 60% del
consumo interno de electricidad proviene del sector industrial, mientras los
hogares consumen alrededor de 25 por ciento.
Tras esta revisión, encuentran que
los municipios que experimentaron incrementos drásticos de la violencia entre
el 2006 y el 2010 redujeron de forma importante su consumo de energía durante
los años posteriores al evento.
Magro crecimiento en el largo plazo
evidencia percepción de inseguridad: Fraser Institute
El crecimiento económico promedio de
México en los últimos 25 años, de 2.5%, podría evidenciar el impacto que ha
tenido en el PIB el clima de inseguridad y la crisis institucional que priva en
el país, afirmó el responsable de la investigación en México para el índice de
Libertad Económica de Norteamérica del Fraser Institute, José Torra.
En entrevista para El Economista,
afirmó que "las tasas tan bajas de crecimiento, que no superan 3% anual en
el mejor de los casos (...), hablan de la fuerte e insuficiente ausencia de
inversión privada en el país".
"Indudablemente en los últimos
años, los dos últimos sobre todo, se ha observado un mayor acercamiento -de
inversionistas- generado por el gobierno, al dar ciertos beneficios. Pero en la
economía real también se debe buscar lo que no se ve y la insuficiente
inversión privada evidencia la mala percepción de confianza que tienen las
grandes empresas", agrega.
Descarta por completo que las
intervenciones de policía federal en Ciudad Juárez o Monterrey tengan algo que
ver con una mejora en el clima de seguridad.
"En Ciudad Juárez la
inseguridad era tal que bares, tiendas y restaurantes emigraron a El Paso,
Texas, lo que minó el negocio para el narcotráfico. No fue el ingreso de la
policía federal lo que desalentó a las organizaciones criminales",
asegura.
Al retirarse el crimen organizado
comienzan a regresar empresas, observa, "pero de ninguna manera son las
mismas que se fueron, ni se puede anticipar que generen la riqueza y empleos
que había antes de los peores años de criminalidad en la zona".
Temen al crimen organizado y desconfían
de instituciones
Las autoridades afirman que la
llegada de inversiones evidencia la confianza, y cada semana se escucha de
inauguraciones, de proyectos de inversión. ¿Dónde está entonces la
desconfianza?
Para las empresas no son los altos
costos que les genera el crimen el factor de mayor riesgo; sí incide pero es
más la falta de confianza en las instituciones policiacas, el sistema judicial,
las decisiones del más alto nivel entre los magistrados así como el evidente
incumplimiento de la ley. Eso es lo que pone más en alerta a los
inversionistas.
En los comparativos de
Competitividad, del Foro Económico Mundial y de Libertad Económica del Fraser
Institute, los lastres de México son las instituciones, ¿qué tiene que ver con
la inseguridad y violencia?
El gobierno está más preocupado por
la corrupción, pero no es lo que se espera que se atienda, sino la solidez
institucional donde se reconozcan los derechos de propiedad que darían certeza
jurídica a las inversiones de largo plazo. Ahí es donde califica mal (...) en
los espacios abiertos a la impartición de justicia hacia las fuerzas militares
que deben proteger, no juzgar, no intentar aplicar la ley.
Es ahí donde se ha entrado en una
crisis institucional desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en el
sexenio de Calderón, en el 2006.
Agradecimientos a:
ymorales@eleconomista.com.mx